Creemos que hacer memoria del conflicto armado en nuestro país es hacer memoria sobre la misma naturaleza al ser ella víctima, escenario e instrumento para la guerra como lo reconoció la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en su informe final. La instrumentalización de los recursos naturales, desde inicios del colonialismo, ha tenido un papel central en el surgimiento y el mantenimiento del conflicto. Esta relación ha traído efectos negativos sobre el territorio y las personas que viven en él.

Tomando como marco el libro “La paz ambiental: retos y propuestas para el post acuerdo” del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, entendemos la estrecha relación que existe entre el conflicto armado y los daños directos o indirectos ocasionados al ambiente. Entre las afectaciones, se encuentran: asentamientos de grupos armados en zonas protegidas que ponen en peligro la biodiversidad del territorio y a sus defensores; la degradación ambiental y contaminación a las fuentes hídricas producida por actividades extractivistas; los impactos que generan los cultivos de usos ilícitos con la tala de árboles; el acaparamiento de tierras para la ganadería extensiva y la siembra de monocultivos que cambia las características naturales del ecosistema. Lo anterior, genera un ambiente insano, peligroso e inhabitable que ha provocado como consecuencia el desplazamiento de miles de personas.

La situación de líderes y lideresas medioambientales en Colombia es compleja y desafiante, marcada por amenazas, violencia y falta de protección efectiva por parte de las autoridades. Los líderes y las lideresas sociales y medioambientales desempeñan un papel crucial para sus comunidades en defensa de los recursos naturales entendiendo que defender estos, es defender el territorio y la vida.

En muchos casos la presión sobre las comunidades proviene de actividades ilegales como minería, extracción y narcotráfico. Las lideresas y los líderes son un pilar de la comunidad, pues son quienes denuncian, enfrentan, luchan y visibilizan las violaciones de derechos que realizan algunas empresas legales o ilegales, sobre sus territorios y que en la mayoría de los casos esta defensa y lucha por sus territorios conlleva amenazas, intimidaciones, asesinatos y desapariciones.

A pesar de esto, las lideresas y los líderes sociales continúan su labor, representando a comunidades. La lucha por la protección del medio ambiente en Colombia está vinculada con la defensa de los derechos humanos, la soberanía alimentaria, el territorio y la naturaleza como fuente simbólica, espiritual y material.

En colombia existen más de 9 millones de personas que han sufrido desplazamiento forzado (corte 2023 Unidad), de estas no se conoce cuántas están asociadas a conflictos socioambientales como se explicó anteriormente. Muy poco se habla sobre el desplazamiento climático y ambiental en nuestro país. Lo que sí sabemos es que cerca del 30% de la población desplazada hace parte de grupos étnicos “que habitan en territorios colectivos de gran importancia en términos de biodiversidad” lo cual pone en peligro zonas que han sido históricamente protegidas por sus mismos habitantes. Según los informes del Global Witness Colombia ha sido catalogado por tres años consecutivos como el país más peligroso del mundo para ser un defensor ambiental, tan solo en 2022 fueron asesinados 117 líderes y lideresas y muchos de los y las sobrevivientes, incluso, han tenido que migrar del país para salvaguardar su vida.

Todos estos efectos han generado un desequilibrio y falta de armonía con la naturaleza, que han perpetuado violencias e impedido una justa reparación. En palabras de un hermano mayor:

En el pueblo arhuaco hablamos de la paz con la Madre Tierra y todo
lo que existe en el mundo debe ser completa. La paz es completa
cuando se siente que la Madre Tierra está sana donde tú vives. El agua
está sana, el árbol está sano, las piedras están sanas, los pájaros están
sanos, todo lo que vive está sano. Los hijos que yo voy a tener van a
crecer en paz. Ahí es donde se desarrolla la paz.

Reconocemos que una apuesta completa de paz atraviesa la justicia ambiental, así como las luchas migrantes, antipatriarcales y antirracistas. Esta apuesta interseccional nos permite ver que el desplazamiento forzado también está ligado a un modelo económico que pone por encima el dinero que el cuidado de nuestra casa común. Citando al expresidente de Bolivia, Evo Morales en el discurso de inauguración del VII Foro indigena de la ONU: “No es suficiente ni justo decir que el cambio climático es sólo el resultado de la actividad del ser humano sobre el planeta. Hace falta decir que es un sistema, una manera de pensar y sentir, una manera de producir riqueza y pobreza, un patrón de "desarrollo", que nos está llevando al borde del abismo”.

En esta 3° edición del FCCM “Justicia ambiental y migratoria” queremos hacer un llamado desde Colombia al mundo, porque creemos que la defensa del territorio es la defensa de la vida y, por ende, la defensa de la paz. Hacemos un llamado al respeto de la madre tierra, al entendimiento de la crisis climática como un problema relacionado con los efectos de los países más poderosos sobre los menos, a un ambiente digno y sano en el que pueda existir el libre tránsito y el reconocimiento de los saberes ancestrales y comunitarios, como camino para la construcción de una reparación y reconciliación colectiva con el territorio y con quienes lo habitan.